La reciente detención a comienzos de Octubre del ex miembro de la Dirección Nacional del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Enrique Villanueva Molina, se enmarca dentro de un proceso convulsionado de factores políticos y jurídicos, en respuesta a la entrevista dada a Chilevisión desde Brasil, por parte, del que fuera Comandante de la misma organización, en esta ocasión Mauricio Hernández Norambuena, declaró que la decisión de asesinar al líder de la UDI, fue tomada por la Dirección Nacional del frente, vinculando de este modo, a Galvarino Apablaza, quien al momento del crimen, era Comandante del Frente y a Enrique Villanueva, quien formó parte de la Dirección Nacional de esa organización. El mundo político se alborotó y su clase dirigente emergió voces casi unívocas (salvo por el PC) exigiendo la extradición de Apablaza desde Argentina y pidiendo la reactivación del proceso, que desde enero del 2003 se encontraba detenido a la espera de nuevas pistas.
Los dirigentes históricos de la UDI, formados por Guzmán, lideraron esta cruzada, así Andrés Chadwick obró como vocero de su Partido para este cometido, Presidentes de partidos de la Concertación, hicieron lo suyo, Osvaldo Andrade, quien fuera alumno de Guzmán en la Universidad Católica y que al momento de ser Ministro de la Presidenta Bachelet, fue el único personero oficialista en asistir a un homenaje del ex senador, manifestó fehacientemente que la derecha “tenía derecho a aspirar a la verdad y justicia” y aún más, “Tras 20 años de gobiernos de la Concertación, hay condiciones para garantizar un debido proceso”, quizás la respuesta sería distinta en el caso de la detención de Villanueva, quien está detenido, formalizado como autor intelectual del crimen del líder de la UDI. Prueba de esta acción mancomunada, es el acuerdo de la Cámara de Diputados presentado por diputados de la mayoría de las bancadas, entre los que se contaba la diputada Denise Pascal, este proyecto fue duramente criticado por una decena de diputados, alertando sobre la gravedad de la intervención de un poder del Estado sobre otro.
Más allá de los profundos reproches del gobierno y los partidos oficialistas, a la denegación de la extradición de Galvarino Apablaza desde la república hermana, y las voces diletantes de quienes, bajo el argumento de la gravedad del crimen, planteron quebrar relaciones con Argentina, resulta más llamativo, detenernos sobre el Informe del Juez Mario Carroza, Ministro en Visita a cargo de la investigación del crimen de Jaime Guzmán, presentado en el alegato del Recurso de Amparo presentado por el abogado de Villanueva alegando la ilicitud de su detención, en la Corte de Apelaciones de Santiago, es esta audiencia, se lee el Informe del Ministro que destaca la relevancia de que el ex líder del FPMR permanezca detenido aduciendo que “El delito que se investiga, por la repercusión que provoca, puede ser de aquellos que han sido definidos como de lesa humanidad y, por ende, imprescriptibles”. Cabe señalar que el argumento de la defensa de Villanueva, se basada en la prescripción del delito cometido, y por lo tanto la ilegalidad de la detención del ex frentista.
La prescripción como institución jurídica es aquella situación que por medio del transcurso del tiempo genera el efecto de consolidar situaciones de hecho, permitiendo así, la extinción de derechos y de obligaciones contraídas. Esta institución tiene múltiples fundamentos basados en la eficacia destructora del tiempo, dado que las pruebas desaparecen, el adagio de que “Justicia que tarda no es Justicia”, el sentido de la pena se desdibuja (la inocuización o la resocialización como las grandes teorías), y esencialmente se ha manifestado que con el paso del tiempo se incrementan las posibilidades de un error judicial, y en consecuencia, la posibilidad de sancionar a un inocente. Este parece ser el fundamento más certero de esta institución, a todos nos parecería algo excesivo, juzgar a aquel que hace 30 años, sustrajo un chocolate del supermercado, pero cuando hablamos de una responsabilidad, o un reproche a un delito contra la vida de las personas, o cuando ellos responden a un sistemático actuar de parte de órganos del Estado, la cosa cambia un poco.
La calificación de un delito como de “lesa humanidad” data del Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg y disponía que los Crímenes contra la Humanidad, en una enumeración eran: “el asesinato, la exterminación, esclavización, deportación y otros actos inhumanos cometidos contra población civil antes de la guerra o durante la misma; la persecución por motivos políticos, raciales o religiosos en ejecución de aquellos crímenes que sean competencia del Tribunal o en relación con los mismos, constituyan o no una vulneración de la legislación interna de país donde se perpetraron”, luego esta definición fue complementada por el Estatuto de Roma, donde se dio cuerpo a la Corte Penal Internacional, que decreta a los delitos de “lesa humanidad” con una enumeración de delitos comunes que se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque, se entenderá “ataque a la población civil” como una línea de conducta que implique una comisión múltiple contra la política de un Estado o de una organización, de cometer este ataque o de promover esa política.
La reproducción chilena de esta norma del derecho internacional, se hizo el año pasado, y señala que se entenderá como crimen de lesa humanidad aquel acto que sea cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, agrega que este acto debe responder a una decisión estatal o de sus agentes.
En mi juicio, quedan dudas que el atentado al senador, a las afueras del Campus oriente de la Universidad Católica revista estas características, o su impacto afecte a la indemnidad de la Humanidad, lejos de ser un crimen, en cuanto es un homicidio con uso de armas, y deliberado en cuanto a su acción, y por lo tanto, su culpable, recibirá las penas más graves de nuestro catálogo penal, que podría ser por la investidura del Abogado, un delito político, lo que aumentaría su graduación en términos de pena de privación de libertad, por lo demás en principio podría ser un delito de carácter terrorista, en cuanto, obedeció a un “plan premeditado de atentar contra una categoría o grupo determinado de personas, porque se comete para arrancar o inhibir resoluciones de la autoridad o imponerle exigencias”, pero de allí a decir que el crimen del senador UDI, es un crimen obrado por agentes del Estado, o que su envergadura, es similar a la cometida sistemática en Chile por 17 años, es reírse de la moralidad social, la lucha del derecho internacional público por avanzar en regulaciones que criminalicen el actuar del ESTADO en contra de los particulares, se ve desestimado por las declaraciones del Ministro en visita que con tal de procurar, que los responsables, los verdaderos culpables del crimen del ingeniero de la dictadura militar, no queden en plena impunidad, enloden las verdaderas características de este tipo de delitos.
En un país con una memoria histórica tan frágil como la nuestra, es nefasto pensar, que los crímenes, atroces y aberrantes como el del senador, sólo por la investidura de la víctima, tienen la misma gravedad que los genocidios, la persecución sistemática de grupos opositores, el exterminio de etnias, de minorías sexuales, situaciones que el derecho debe proteger con vehemencia. Poner nuestras energías en la obsecuencia demostrada por encontrar culpables del crimen de Guzmán desvían la atención, sobre un proceso que en nuestra sociedad sigue inconcluso. La misma Sala de la Corte Suprema que deniega el amparo de Villanueva, y que reconoce que el crimen de Guzmán no ha prescrito, reconociendo en el fondo, la teoría del delito como de “lesa humanidad”, es la misma Sala, que ha declarado, casi ininterrumpidamente que los crueles asesinatos y diversas violaciones de Derechos Humanos durante el 78 y el 89, son impunes, por acogerse al Decreto Ley de Amnistía.
Quizás, hoy vale la pena reflexionar, que para nuestros jueces, hay vidas que valen más que otras, y que la memoria de Guzmán, y sus seguidores, valen más que el interés de una sociedad moderna, por reconstruir su Memoria, con Verdad y Justicia.
Por Gabriela Solís,
